LEY DE GARANTÍAS: El abogado del Estado incide en que la resolución sobre el Dictamen de Consumo tendrá escasa validez porque serán las Comunidades Autónomas las encargadas de dar forma a la norma (04/09/2006)
Cetraa manifiesta su disconformidad contra “la interpretación forzada de las normas legales y anima a sus asociaciones miembros a defender los derechos del taller ante sus respectivas autonomías”
Primero fue la larga espera del Dictamen de Consumo sobre la aplicación de la Ley de Garantías al taller de reparación; ahora, nueva espera para ver lo que opina de ello el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en base a la petición de la Confederación Española de Talleres de reparación de Vehículos. Y todo para casi nada porque, según el propio abogado del Estado, el Dictamen del Ministerio de Consumo “no pretende crear ni derechos ni obligaciones para ningún taller ya que se trata sólo de unos criterios que serán en su caso, desarrollados por las autoridades de Consumo de las diferentes Comunidades Autónomas”. Así se recoge en un comunicado público realizado por Cetraa el pasado viernes.
La misma fuente añade que “en la propia documentación que está siendo estudiada por los servicios jurídicos de Cetraa para formalizar el recurso contencioso, se refiere esa circunstancia que confirma la poca trascendencia práctica de un dictamen más parecido a un “parto de los montes” que a lo que lógicamente podría esperar el colectivo de empresarios que efectúan la actividad de reparación de bienes (y no sólo talleres de vehículos) para clarificar la situación. Cetraa ha de reiterar su disconformidad contra la interpretación forzada de las normas legales, que favorece en el mercado los intereses de las concentraciones económicas comerciales y verticales en el ámbito de Consumo, al dejar a los instaladores de bienes producidos por terceros en una posición jurídica insegura y débil”.
“Con tal recurso, que será presentado en al Juzgado Central de lo Contencioso esta próxima semana, la Confederación de Talleres aporta también a sus asociaciones miembros, criterios y datos para facilitarles la defensa de los intereses del taller ante las Comunidades Autónomas, para el caso de que pretendan más exigencias que las que por la estricta legalidad les corresponda”.
